El Colegio de Jueces confirmó la prisión preventiva de Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel. Los magistrados consideraron que persisten riesgos de entorpecimiento de la investigación y ordenaron mantenerlos alojados en el Servicio Penitenciario Provincial.
El Colegio de Jueces de la Segunda Circunscripción Judicial resolvió mantener la prisión preventiva de Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel, tres de los imputados en la causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas al complejo Molino Fénix.
Los magistrados rechazaron los recursos de revisión presentados por las defensas contra la resolución dictada el pasado 16 de septiembre por el Juez de Garantía N° 4, quien había confirmado la prisión preventiva dispuesta originalmente el 24 de agosto.
De esta manera, los tres imputados continuarán alojados en el Servicio Penitenciario Provincial mientras avanza la investigación. La decisión fue comunicada mediante el Auto Interlocutorio N° 20, donde el tribunal expuso los fundamentos para sostener la medida de coerción.
Durante la audiencia de revisión, las defensas habían solicitado medidas menos restrictivas y cuestionaron que no se hubiera individualizado de manera suficiente el riesgo procesal correspondiente a cada uno de los imputados.
Sin embargo, los jueces entendieron que persisten los riesgos de entorpecimiento de la investigación y analizaron de manera individual la situación de cada acusado.
En el caso de Anabela Lucero, la Fiscalía sostiene que habría cumplido, junto con Joaquín Beltrán, un supuesto rol de organizadora dentro de la estructura investigada. Esa hipótesis se sustenta, según la acusación, en testimonios de empleados, comunicaciones y otros elementos incorporados a la causa.
Para el tribunal, su presunta vinculación con personas que trabajaron o contrataron con el complejo mantiene vigente el riesgo de influencia sobre testigos y sobre evidencia documental y testimonial que todavía no fue incorporada al expediente.
Respecto de Enzo Lucero, la investigación le atribuye una presunta vinculación con la estructura financiera y societaria bajo análisis. Según la hipótesis fiscal, habría sido firmante autorizado de una cuenta del ente y tendría participación en sociedades relacionadas con la investigación.
Además, permanece pendiente una pericia sobre uno de sus dispositivos electrónicos. Para los jueces, estas circunstancias mantienen vigente el riesgo relacionado con la evidencia financiera y digital.
En cuanto a Exequiel Scarel, se le atribuyen tareas relacionadas con la administración de credenciales, cambios de contraseñas, desactivación de cuentas institucionales y manejo de información digital. También permanece pendiente una pericia sobre su dispositivo.
La defensa había invocado su arraigo y su actividad agropecuaria en Mendoza. El tribunal aclaró que su residencia fuera de la provincia no fue considerada como un indicio de fuga, aunque sostuvo que esas circunstancias no disminuyen el riesgo de entorpecimiento relacionado con la evidencia digital y el eventual acceso remoto a ella.
Otro de los puntos analizados por el Colegio de Jueces fue el plazo de la prisión preventiva. La Fiscalía había solicitado inicialmente cuatro meses, pero el Juez de Garantía redujo ese período y estableció una duración de 60 días, vinculada con la necesidad de avanzar en distintas medidas de prueba.
Entre las diligencias pendientes se encuentran una pericia informática, entrevistas a posibles receptores de cheques, el levantamiento de los secretos fiscal, bancario y bursátil y una pericia contable.
Los jueces consideraron que la prisión preventiva responde a una necesidad cautelar actual y que no representa un anticipo de pena. También señalaron que cualquier eventual pedido de prórroga deberá estar debidamente justificado y vinculado con las pruebas que aún no hayan podido producirse.
La investigación por el caso Molino Fénix comenzó en 2024. De acuerdo con el resumen realizado por el Colegio de Jueces, inicialmente los hechos fueron calificados como peculado, en relación con la presunta sustracción o utilización en beneficio propio o de terceros de bienes del complejo.
Con el avance de la investigación, la hipótesis del Ministerio Público Fiscal evolucionó hacia posibles delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta y destrucción u ocultamiento de elementos de prueba.
Durante cerca de dos años, los imputados atravesaron el proceso con medidas de coerción de menor intensidad. La situación cambió el 24 de agosto de 2026, cuando el Juez de Garantía dispuso la prisión preventiva de Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel.
Además de resolver sobre la continuidad de las prisiones preventivas, el tribunal tomó en consideración situaciones particulares planteadas durante la audiencia.
En el caso de Anabela Lucero, ordenó al Servicio Penitenciario Provincial garantizar su atención médica y remitir un informe sobre su estado de salud y tratamiento.
En relación con Exequiel Scarel, dispuso que se arbitre un régimen de contacto con su hijo menor, mediante videollamadas o visitas bajo condiciones especiales y adaptadas a sus necesidades.
La causa cuenta actualmente con otros tres imputados. Joaquín Beltrán fue acusado como presunto autor de los delitos de administración fraudulenta, asociación ilícita y destrucción de evidencia.
Diego Torres fue imputado por fraude en perjuicio de la Administración Pública, en calidad de partícipe necesario, además de asociación ilícita y destrucción u ocultamiento de elementos de prueba, en calidad de coautor. Actualmente se encuentra bajo una prórroga de detención.
Por su parte, Cristian Hedel Becher Domingo fue imputado por asociación ilícita y administración fraudulenta, en calidad de partícipe necesario. El pasado 22 de septiembre se ratificaron los cargos en su contra y se dispusieron dos meses de prisión preventiva, que deberá cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial.
Con esta nueva resolución, Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel continuarán detenidos mientras avanza una investigación que mantiene pendientes distintas medidas de prueba y que podría generar nuevos planteos judiciales durante las próximas semanas.