A cuatro meses del asesinato de Bautista y Sofía, la fiscal Antonella Córdoba confirmó que la investigación avanza con pruebas suficientes sobre la autoridad de la madre. La causa sigue en etapa intermedia, y se prorrogó la prisión preventiva de la acusada.
Han transcurrido cuatro meses desde el extremo crimen que sacudió a San Luis: el asesinato de Bautista, de 2 años, y Sofía, de 7, a manos de su madre, la policía Marina Silva. La causa sigue avanzando con una firme convicción por parte de la Fiscalía sobre la culpabilidad de la acusada, mientras se suman nuevas pruebas para consolidar la acusación.
La fiscal de Instrucción Penal de Género, Diversidad, Infancias y Adultos Nº 2, Antonella Córdoba, brindó una conferencia de prensa en la que detalló los avances en la investigación. Aseguró que el caso se encuentra en la etapa intermedia, en la que se continúa recopilando material probatorio. “Es un hecho que no está controvertido, la autoridad tampoco. Hoy nos encontramos en la etapa intermedia y aún estamos recopilando evidencia que hace a la teoría del caso de esta fiscalía”, explicó.
Entre las pruebas que restan incorporadas a la causa, mencionó un informe de una billetera virtual para analizar las transacciones realizadas por Silva, así como un duplicado de la tarjeta SIM de su teléfono móvil, con el objetivo de determinar sus últimas actividades digitales antes y después del crimen. Además, el próximo 25 de febrero se llevará a cabo una pericia caligráfica para contrastar documentos hallados en la escena del crimen con otros recolectados en la investigación.
El fiscal descartó cualquier posibilidad de que haya participado otra persona en el crimen y reafirmó la certeza de la Fiscalía sobre la culpabilidad de la madre de las víctimas. “La Fiscalía tiene la convicción suficiente de la culpabilidad y la autoridad del hecho”, subrayó.
Por otro lado, Córdoba informó que Silva no será sometida a pericias psicológicas y psiquiátricas, debido a un planteo realizado por su defensa oficial, encabezada por Carlos Salazar.
Mientras tanto, la acusada continúa detenida, luego de que la Justicia prorrogara su prisión preventiva por otros cuatro meses a finales de enero. Según Córdoba, la medida se fundamentó en el riesgo procesal que implica su libertad, especialmente ante la posibilidad de fuga. “El día del hecho, el 1 de octubre del año pasado, la imputada no se quedó en el lugar de la escena del crimen, sino que se fugó”, recordó. También advirtió que su libertad podría influir en las declaraciones de testigos con vínculos familiares, afectivos o laborales con ella.
Finalmente, el representante del Ministerio Público Fiscal estimó que antes del 27 de mayo, cuando vence el plazo de la prisión preventiva, la acusación formal estará lista para elevar la causa a juicio. La sociedad de San Luis, aún conmocionada por el caso, sigue atenta a la resolución de un crimen que dejó una profunda marca en la comunidad.