El fiscal Cristian Rachid propuso un juicio abreviado para ocho integrantes de una organización criminal que operaba desde el Penal de San Luis. El líder coordinaba el tráfico de cocaína, el lavado de dinero y sobornos a penitenciarios. La causa involucra a diez personas, dos de las cuales irán a juicio oral.
Parte de una banda narco que operaba desde el interior del Servicio Penitenciario de San Luis aceptó su culpabilidad y accedió a un juicio abreviado. Así lo propuso este miércoles el fiscal federal Cristian Rachid ante el Tribunal Oral Federal, que presidió la audiencia con la presencia del juez de Cámara de Mendoza, Alberto Carelli.
Ocho de los diez imputados llegaron al debate con un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, que prevé penas de hasta 12 años de prisión, multas millonarias y el decomiso de bienes. Los otros dos acusados, Daniel Hedel Becher y Efraín David Cortez, enfrentarán un juicio oral y público el próximo 28 de julio.
El caso tiene como principal acusado a Rafael Dante Churquina, quien desde una celda organizó la compra de cocaína en Bolivia, su ingreso al país, la distribución en San Luis y una compleja red de lavado de dinero. Según la investigación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la estructura criminal se sostenía también gracias a la complicidad de agentes penitenciarios, que recibían sobornos para permitir el funcionamiento de la red dentro del penal.
Un operativo que desnudó el entramado criminal
La organización quedó al descubierto el 31 de agosto de 2023, cuando la PSA interceptó en Jujuy a Marcelo Manuel Leyes con más de 5 kilos de cocaína. El operativo desencadenó una serie de allanamientos, entre ellos uno en la Unidad 1 del Servicio Penitenciario Provincial, donde se confirmó que Churquina dirigía las operaciones desde su celda.
En la causa también están involucrados Lorena Ramallo, Milagros Simioli Inzirillo, Jorge Ángel Orozco, Mario Andrés Ojeda, Javier Arnaldo Martiranía y Lucrecia Valdez. Todos ellos aceptaron los cargos en su contra y las penas propuestas por el fiscal Rachid, quien agrupó su teoría en tres ejes: tráfico de estupefacientes, lavado de activos y corrupción penitenciaria.
La droga que nunca llegó a destino
Según se explicó en la audiencia, Churquina organizó desde la cárcel la compra de cocaína en Bolivia, que debía ingresar por la frontera entre Villazón y La Quiaca. Leyes fue quien viajó a ejecutar la operación, luego de recibir instrucciones directamente en una visita al penal. El dinero —unos 12.500 dólares— fue entregado por Simioli Inzirillo, quien lo había recibido de Ramallo, también por orden del líder.
La operación fue frustrada por la PSA, que ya venía monitoreando a la banda con escuchas telefónicas y tareas de campo. “Existía una organización piramidal, liderada por Churquina desde el penal, con personas en libertad que ejecutaban sus órdenes”, sostuvo el fiscal. La droga incautada resultó ser de alta pureza.
Una red paralela para lavar el dinero del narcotráfico
El segundo bloque de hechos abordados por Rachid durante su exposición —que duró 56 minutos— se centró en la estructura de lavado de dinero montada por la organización. Las maniobras incluyeron la compraventa de autos, motos, equipamiento comercial y préstamos en efectivo mediante una financiera ubicada en Villa Mercedes.
Los responsables de estas operaciones eran Ramallo, Valdez, Martiranía y Simioli Inzirillo. Churquina supervisaba todo desde prisión, mientras que sus cómplices se encargaban de recaudar, trasladar y aplicar los fondos ilícitos. En los allanamientos se incautaron vehículos, dinero, electrodomésticos y documentos contables.
Incluso se identificaron bienes a nombre de posibles testaferros, entre ellos el hermano del líder, Marcelo Churquina, quien no está imputado pero figura como titular de parte del patrimonio sospechoso.
Sobornos dentro del Penal: la impunidad tras las rejas
El tercer eje de la acusación expuso la corrupción que permitió a Churquina operar desde la cárcel sin restricciones. Dos agentes penitenciarios, Jorge Orozco y Mario Ojeda, están acusados de recibir sobornos y dádivas para facilitar el funcionamiento de la banda.
Según las pruebas recolectadas —que incluyen escuchas telefónicas y registros de visitas—, el interno tenía un trato preferencial: podía recibir visitas no registradas, tenía teléfonos móviles, llevaba registros de sus negocios y hasta contaba con una balanza de precisión en su celda.
Uno de los pagos documentados fue de 6 mil dólares a uno de los agentes. Además, se detectaron vehículos a nombre de los funcionarios penitenciarios que formaban parte del circuito criminal.
“Me equivoqué de rubro”: la confesión del líder narco
Durante la audiencia, el juez Carelli indagó a los acusados para confirmar si aceptaban el juicio abreviado y las penas acordadas. Churquina fue el primero en hablar. “Yo soy totalmente responsable de la organización”, reconoció, aunque intentó desligar a algunas de sus ex parejas, también imputadas. Luego dio un giro dramático: “Me equivoqué de rubro. Soy comerciante, fui panadero, carnicero, gomero. Siempre me financié con fondos propios”.
Churquina se mostró emocional, dijo haber sido víctima de maltrato en prisión, y acusó a los penitenciarios de haber abusado de su rol. En un momento negó haber pagado sobornos, pero luego, tras un cuarto intermedio, reconoció los hechos ante el juez.
Los otros siete acusados también admitieron su responsabilidad. Las defensas de Ramallo y Simioli Inzirillo pidieron que sus condenas se cumplan en prisión domiciliaria.
Las penas solicitadas
Rachid pidió penas que van desde los 2 años y 3 meses de prisión condicional hasta 12 años de prisión efectiva, con multas que superan los $10 millones. Además, solicitó el decomiso de más de 10 vehículos, dinero en efectivo y celulares incautados.
| Imputado | Pena solicitada | Delitos imputados |
|---|---|---|
| Rafael Churquina | 12 años y multa de $10.125.000 | Organización y financiamiento de tráfico ilícito, lavado de activos y cohecho activo |
| Marcelo Leyes | 6 años y multa de $2.400.000 | Coautor de tráfico de estupefacientes agravado |
| Mario Ojeda | 3 años y 3 meses e inhabilitación perpetua | Cohecho pasivo e incumplimiento de deberes |
| Jorge Orozco | 3 años y 6 meses e inhabilitación perpetua | Cohecho pasivo e incumplimiento de deberes |
| Lorena Ramallo | 4 años y multa de $1.889.000 | Tráfico de drogas y lavado de activos |
| Lucrecia Valdez | 2 años y 6 meses condicional y multa de $1.300.000 | Lavado de activos |
| Javier Martiranía | 2 años y 3 meses condicional y multa de $1.400.000 | Lavado de activos |
| Milagros Simioli Inzirillo | 3 años y 6 meses y multa de $1.787.000 | Tráfico y lavado de activos |
Ahora resta que el juez Carelli resuelva si acepta o no el acuerdo propuesto por la Fiscalía. Se espera una definición antes del próximo 28 de julio, cuando inicie el juicio oral contra Becher y Cortez, los únicos miembros de la banda que aún no aceptaron su responsabilidad.