La jueza María Eugenia Bona falló a favor de un amparo presentado por abogados locales y declarado inconstitucional una medida del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. El fallo evidencia la grave crisis que atraviesa el sistema judicial y cuestiona decisiones recientes del máximo órgano judicial.
La crisis en el Poder Judicial de San Luis sumó un nuevo capítulo tras un fallo de la jueza Laboral N°2, María Eugenia Bona, quien declaró inconstitucional una medida del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia. La decisión se tomó en el marco de un amparo presentado por los abogados Valeria Benevídez, Cynthia Fernández Paz y Fernando Spagnuolo, quienes impugnaron la legalidad del Acuerdo N° 201-STJSL-SA-2024 y el Acuerdo N° 47/2024, al considerar que excedían las facultades conferidas por la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de la Administración de Justicia.
En su sentencia, Bona citó una célebre frase del expresidente de EE.UU., John F. Kennedy, al destacar la responsabilidad de la comunidad jurídica en la búsqueda de soluciones para la crisis judicial: “No te preguntas qué puede hacer un país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país” .
El fallo cuestiona la contratación de Héctor Mario Chayer y Martín Salvador Alfandari para implementar un programa de gestión unificada dentro del Poder Judicial, así como la creación de una Oficina de Gestión Unificada (OGU) y un equipo de jueces coordinados por una figura ejecutiva, lo que, según la resolución, despoja a los magistrados de su autonomía.
El conflicto pone en evidencia el difícil momento que atraviesa el Poder Judicial de San Luis, marcado por diversas polémicas y denuncias. En los últimos meses, la conducción del STJ ha evitado discutir una reforma judicial integral, mientras que han trascendido casos de jueces que se negaron a realizados exámenes toxicológicos obligatorios, la lentitud en el tratamiento de denuncias por corrupción contra exfuncionarios y la renuncia del Procurador General, Luis Martínez, tras las duras críticas del gobernador Claudio Poggi.
El fallo de Bona no solo representa un revés para el STJ, sino que también refuerza la presión para una reforma judicial que responda a las demandas de mayor transparencia y eficiencia por parte de la sociedad.