Marina Abigail Silva continuará detenida en el Servicio Penitenciario Provincial por 120 días más. La medida fue solicitada por la Fiscalía de Género, que argumentó la necesidad de reunir pruebas pendientes en el caso.
La jueza de Garantía N°2 subrogante en feria, Agustina Dopazo Samper, decidió extender la prisión preventiva de Marina Abigail Silva, la policía acusada de asesinar a sus dos hijos menores, por otros 120 días. Silva permanecerá alojada en el Servicio Penitenciario Provincial mientras la Fiscalía de Género continúa con la recolección de pruebas esenciales para la acusación en su contra.
El crimen ocurrió el 1° de octubre en el barrio Los Fresnos de Juana Koslay, cuando la imputada disparó y mató a Bautista Silva Funes, de 2 años, y Sofía Ojeda Funes, de 7. La mujer fue detenida el mismo día e imputada por homicidio doblemente calificado por el vínculo y alevosía, agravado por el uso de arma de fuego.
La prórroga fue solicitada por la fiscalía, en cumplimiento del artículo 208 del Código Procesal Penal. Esto se debe a que mañana concluían los 120 días iniciales de la prisión preventiva que recaían sobre la imputada. En esta audiencia no era necesaria la presencia de Silva, por lo que no estuvo ni presencial ni virtualmente.
Uno de los padres de las víctimas se acercó a la sala. Al finalizar no quiso hablar con la prensa.
Los argumentos de la fiscalía
Romagnoli recordó que la imputación y la medida de coerción fue solicitada el pasado 2 de octubre y que mañana, 29 de enero, vencía el plazo de reclusión. Apuntó que aún faltaban múltiples evidencias por recabar y que existe riesgo de fuga por lo grave de la imputación y las pruebas ya recabadas, a su vez de la posibilidad de entorpecer la causa e influenciar testigos.
“La imputada perteneció a las fuerzas de seguridad y de acuerdo a su profesión y oficio, tiene vínculos de amistad con personal policial que aún falta entrevistar”, comenzó la fiscal.
Además de testimonios de uniformados, la funcionaria judicial detalló que aún quedan entrevistas con dos hermanos de Silva, y el padre de su hijo Sofía, Carlos de la Rocha, y la pareja de este.
“No pueden ser amedrentados o influenciados si la señora recupera la libertad”, justificó.
Otra prueba clave que aún resta obtener es una pericia caligráfica de la carta que dejó la imputada en la vivienda tras cometer los crímenes. Esta fue solicitada a la Unidad de Perfiles Criminales de la Policía Federal de Buenos Aires.
A su vez solicitaron nuevamente a la empresa Personal datos de una segunda tarjeta SIM a nombre de Silva, ya que la primera no estaba asociada a las cuentas de Google de la mujer. Por último aún no tenían respuestas del legajo profesional, requerido a la Policía.
“No contamos con fechas exactas respecto de las solicitudes de las evidencias que quedan por realizar. Consideramos que son sumamente importantes para poder avanzar con la investigación”, concluyó.
Bustos se expresó brevemente a favor de la medida.
La defensa pidió una prisión de menor tiempo y domiciliaria
Luego el defensor Oficial Salazar criticó la lentitud en la recolección de pruebas, lo excesivo del plazo de la preventiva y en cambio solicitó la domiciliaria por 30 días en el domicilio del padre de la imputada.
“La fiscalía empieza manifestando o fundando la prórroga de la preventiva que solicitó en que la condena sería efectiva, pasando por arriba el principio de inocencia que todavía tiene Silva”, comenzó el defensor.
Criticó que no se sabe a qué policías se les pedirá declaración y que se trata de una solicitud genérica y a su vez apuntó que la prueba de escritura fue solicitada el 20 de diciembre pasado y el nuevo informe de la tarjeta SIM recién ayer.
“Me parece que son todas medidas que podrían haber efectuado dentro de los 119 días que ya lleva privada de la libertad”, remarcó.
La solicitud de 30 días de prisión domiciliaria la hizo en coincidencia con el fin del plazo de la Investigación Penal Preparatoria.
La decisión de la jueza
“Estamos hablando de una investigación compleja, analizando cuáles son los riesgos del proceso que podrían entorpecer o influir la normal investigación”, dijo por su parte la jueza Dopazo Samper.
“Entiendo que como lo ha referido la Fiscalía, estamos ante hechos graves, lo que hace entender que si esto prospera no sería de aplicación una condena de ejecución en suspenso” argumentó en primer lugar.
“La solidez de la imputación y la calidad de la prueba reunida, entiendo que hace al peligro de fuga. En cuanto al riesgo de entorpecimiento, si bien hay pocos testigos, al ser un delito cometido dentro de un ámbito familiar, hay que cautelar sus declaraciones, la imputada los conoce”, continuó.
“La complejidad lleva a cuestiones que implican un tiempo superior. La domiciliaria tampoco corresponde porque no se ha dado un domicilio fijo ni se ha citado al padre. Una vez que estos parámetros sean ofrecidos se puede considerar. Pero no corresponde, no hay requisitos formales cumplidos”, concluyó.